Asimismo, sostuvo que el gravamen aplicado —que no es tasa, ya que no está reglamentada por ley sino que fue introducida por decreto— “va a ser imperceptible en el costo del pasaje para los pasajes fluviales”, a cambio de permitir “más eficacia y más eficiencia a la hora de los trámites de Migraciones”.

Fue la forma que encontró el Poder Ejecutivo de financiar esto que era absolutamente necesario”, insistió.

El rechazo del sector turístico y de las navieras

A pesar de la insistencia desde el gobierno de la insignificancia del nuevo costo sobre el total del pasaje —fue un argumento utilizado también por el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio—, para la Asociación Turística de Colonia el impacto al sector que tenga la aplicación del precio por servicio de seguridad será negativo.

“Identificamos esto como una situación negativa para con Colonia porque es donde más impacta el costo del pasaje: nuestro destino es el destino de menor permanencia en horas de un turista en Uruguay y tenemos una cantidad de visitantes en el día muy grande. No es lo mismo el impacto de 2,10 dólares más IVA dentro de, supongamos, un presupuesto de 5.000 dólares en Punta del Este o en un crucero que en un pasaje donde este impacto es un promedio de alrededor del 10% del pasaje anualizado”, explicó a Ámbito el presidente de la asociación, Andrés Castellano.

Graficado en cifras concretas, el sector turístico del departamento señala que la aplicación del precio por servicio de seguridad significa un total de entre 7,5 y y 8 millones de dólares por año —considerando los pasajes ida y vuelta—, en un contrato que se firmará a diez años —según la licitación incluida en el decreto. “Para nosotros tiene un impacto en el turismo, sobre todo cuando estamos haciendo malabares para traer a los argentinos”, añadió, y señaló que, además, los barcos ya pagan una tasa migratoria por cada atraque en los puertos uruguayos.

También las empresas navieras, que deberán actuar como agentes de retención, Colonia Express y Buquebus, recurrirán la medida decretada por el gobierno porque, con el esquema de recaudación implementado, “ellos asumen una obligación”. “Van a presentar sus descargos judiciales al no considerar esto como parte de un acuerdo”, explicó Castellano.

Para las compañías fluviales, además, la iniciativa es “discriminatoria”, porque no se grava el transporte aéreo ni el terrestre. Desde la Asociación Turística de Colonia señalan, asimismo, si el turismo fluvial y marítimo será el que financie las mejoras en el control migratorio en la frontera seca.