La nueva Ley de impuestos sobre artículos selectos de lujo de Canadá recibió la aprobación parlamentaria y entrará en vigor el 1º de septiembre de 2022.

El impuesto agregará un impuesto del 10 por ciento sobre el valor total de cualquier compra canadiense de embarcaciones que excedan los CA $ 250,000 (US $ 172,96) , y aeronaves y automóviles que excedan CA$100,000 (US$77,770).

El gobierno canadiense argumenta que el nuevo impuesto no solo ayudará a reducir la desigualdad mediante la distribución de la riqueza, sino que también disuadirá a los más ricos del país de comprar vehículos que consumen muchas emisiones, protegiendo así el medio ambiente.

El impacto de la pandemia ha sido muy desigual en Canadá, como en otros países, y este ha sido un factor decisivo en la implementación del nuevo impuesto.

“Algunos canadienses han perdido sus trabajos o pequeñas empresas [durante el covid], mientras que algunos sectores de la economía han florecido”, se lee en un comunicado en el sitio web del gobierno. “Es por eso que hoy es justo pedirles a los canadienses que pueden permitirse comprar artículos de lujo que contribuyan un poco más”.

Sin embargo, ha habido una reacción violenta contra el impuesto.

A principios de este año, Bill Yeargin, director ejecutivo del constructor de barcos Correct Craft, con sede en EE. UU., apareció en el podcast de Boat Boss para hablar sobre el impuesto cuando aún era una propuesta.

Yeargin dice que los impuestos al lujo son atractivos para los políticos que buscan corregir la creciente desigualdad de riqueza, pero que la historia muestra que no funcionan.

“Hay una historia con los impuestos al lujo: muchas veces los políticos ven las desigualdades percibidas y tratan de arreglarlas gravando a los ricos”, dice Yeargin. “Pero hay historia con esto. Varios países han intentado hacer lo mismo y cada vez falla. En Estados Unidos lo intentamos a principios de los 90. Se perdieron miles de puestos de trabajo y creó un déficit para el gobierno federal debido a las ventas que se perdieron. Entonces, fue derogado bastante rápido”.

En 1991, Estados Unidos introdujo un impuesto de lujo del 10 por ciento sobre los barcos, que fue diseñado para ayudar a resolver la crisis presupuestaria. El impuesto se vinculó a una rápida disminución de las ventas en la industria náutica de EE. UU., lo que dejó a miles de personas sin trabajo.

Yeargin continúa diciendo que otros países como España, Turquía, Nueva Zelanda, Italia y Noruega “han intentado lo mismo” y derogaron la medida en uno o dos años. “Sería bueno si pudiéramos aprender nuestras lecciones del pasado”, dice. “Las personas que [los impuestos al lujo] dañan no son los ricos. Pueden pagar el 10 por ciento adicional, pero es una cosa importante, no quieren pagarlo, y la persona que sale lastimada es la que construye el barco. Pierden sus trabajos. Desafortunadamente, los políticos ven a los ricos como un blanco fácil”.

Anthony Norejko, presidente y director ejecutivo de la Asociación Canadiense de Aviación Comercial, dice que el nuevo impuesto de lujo es «una gran preocupación para el asediado sector de la aviación de Canadá y sus empleados».

“Tendrá serias implicaciones para la aviación de negocios en particular, en un momento en que los impulsores de nuestra recuperación y crecimiento económicos se enfrentan a desafíos sin precedentes en una generación”, escribe en un comunicado.

La Asociación Nacional de Fabricantes Marinos (NMMA) de Canadá ha estado abogando contra el impuesto desde que se propuso en 2020.

NMMA destaca un análisis económico reciente, An Economic Evaluation of the Proposed Luxury Boat Tax, realizado por el Dr. Jack Mintz en la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Calgary, junto con Fred O’Riordan en EY Canadá, que concluye que el impuesto en barcos nuevos “recaudará pocos ingresos y amenazará los empleos de la clase media en todo el país”.

El análisis económico encuentra que el impuesto de lujo conduciría a una disminución mínima de CA $90 millones en los ingresos de los comerciantes de embarcaciones y posibles pérdidas de empleo para 900 empleados equivalentes a tiempo completo (FTE).

Un análisis de Oxfam de 2021   encontró que en 2015, el uno por ciento más rico representó el 15 por ciento de las emisiones globales de carbono.